29 de octubre, 2010 | Por Editores | Sin Comentarios
Entrevista a Horacio González, Director de la Biblioteca Nacional Argentina con un análisis sobre los efectos de la muerte de Néstor Kirchner.
Categoría: de la Republica Tv | Etiquetas: Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, Horacio González, Nestor Kirchner, Peronismo
No hay que dejarse engañar. El debido proceso en una investigación criminal tiene, entre sus elementos, el derecho a la presunción de inocencia, a que las diligencias de investigación sean razonables y a que cuando las actuaciones de investigación puedan comprometer derechos fundamentales del imputado o terceros, esas diligencias sean autorizadas por un juez, mediante resolución fundada. Esta diligencia además, deberá ser notificada oportunamente al imputado.
Francisco Vera
22 de febrero, ONG Derechos Digitales
Chile, Union-free. Or not.
No hay usurpación de indentidad, sólo una amenaza a la libertad de expresión de los chilenos.
El sistema de AFP creado por José Piñera se enfrenta a la realidad. Y no sale bien parado.
Demoledora columna de Alberto Mayol sobre la ofensiva legal de RN que pretende cambiar los resultados de la elección en Ñuñoa. Esperamos con ansia la respuesta del columnista de La Tercera abogado de RN Marcelo Brunet.
El espectáculo del cierre de la Universidad del Mar puede parecer, especialmente para los afectados, como un signo de que algo no está funcionando bien en el sistema educacional Chileno creado por la derecha y sostenido por la Concertación. Lamentablemente, nada está más lejos de la verdad.
Bajo el diseño impuesto por los Chicago Boys y compañía, tenemos en Chile un mercado de la educación, y la teoría ofrecida por sus proponentes es que los estudiantes y sus familias, armados con la “información” publicitaria que inunda espacios físicos y virtuales, votan con sus billeteras para premiar a las mejores instituciones. El resultado, dicen, es generar la mejor distribución de recursos y, como consecuencia, los mejores resultados educacionales posibles. Aquéllos proveedores que no son capaces de atraer clientela o manejar sus finanzas apropiadamente caerán por su propio peso. El mercado, aliviado así del peso muerto de la ineficiencia de unos pocos, continúa avanzando en su noble tarea de generar incentivos económicos a nivel individual que, se argumenta, están alineados con el con el bienestar de la sociedad como un todo.
Lo que estamos presenciando es el drama humano y los costos que se generan cuando esa teoría se enfrenta con la realidad. La Universidad del Mar colapsa y sus estudiantes, académicos y funcionarios ven su educación y medios de vida desaparecer súbitamente. Se revela, con una claridad poco antes vista, que el diseño del mercado educacional no contabiliza el tiempo y los recursos económicos despilfarrados en una educación que terminó siendo una estafa.
La existencia de estos costos no reflejan, sin embargo, una falla en el sistema, sino una característica propia de su diseño. Son las consecuencias esperables y necesarias para el funcionamiento de un mercado saludable. En la práctica, sin embargo, mitigar esos costos es un imperativo ético para toda la sociedad, y el Estado se ve obligado a recoger los escombros generados cada vez que una de estas aventuras emprendedoras colapsa bajo su propio peso. Es decir, vemos la privatización de las ganancias mientras los costos se dividen entre los estudiantes-clientes y el estado. Cara, gano yo, sello, pierdes tú.
Al final, mientras en Chile no estemos dispuestos a crear un sistema educacional que sea juzgado no por las ganancias que produce, sino por los jóvenes a los que educa, el conocimiento que genera, y el bienestar social que produce, estaremos condenados a que la Universidad del Mar sea apenas un caso en que la Destrucción Creativa del mercado barre con las esperanzas y dinero de estudiantes, profesores y administrativos. Uno entre muchos que, siendo un ejemplo de libro del mercado en acción, deja a miles de jóvenes con el sueño frustrado de una educación de calidad.
Brutal reportaje de CIPER Chile sobre la saga que llevó al SII a un perdonazo tributario a Johnson’s. Un perdonazo que corresponde al 17% de los US$700 millones que la mentada reforma tributaria del Presidente Piñera pretende recolectar en un año.
Hay mucho que se podría comentar de un artículo tan extenso y bien documentado. Pero solo basta apuntar que lo que expone CIPER es la consecuencia natural de poner en cargos de responsabilidad a personajes cuya vocación de servicio público consiste en convertirse en defensores de los intereses de sus ex-empleadores en el estado.
Que el Presidente haya nombrado al menos a dos empleados de PriceWaterHouseCoopers en altos cargos del Servicio de Impuestos es particularmente insólito no solo porque como bien documenta CIPER PwC había estado por años diseñando esquemas de elusión de impuestos (una expresión maquillada para el robo legalizado) sino porque el 2010, cuando se hizo el nombramiento, PwC estaba siendo sometida a investigaciones por su responsabilidad por la crisis financiera del 2007/08.
El artículo de CIPER nos recuerda que la captura de las agencias fiscalizadoras del estado por parte de los intereses privados es capaz de revertir o compensar con creces – ya hay bastante evidencia de que el de Johnson’s no es un caso aislado – las chauchas que el Presidente pretende recolectar con su reforma tributaria. Y cuando Pereira y Milán regresen, triunfantes y bien pagados, al sector privado, habrán dejado atrás a un SII desprestigiado y habiendo hecho un traspaso sin precedentes de recursos fiscales al sector privado.
Quizás la próxima vez que Horst Paulmann reciba un llamado del Presidente para preguntarle como van las cosas, el empresario podría dejar de lloriquear por el Costanera Center y agradecerle la limpieza de libros que el SII le hizo a Johnson’s a cuenta de todos los chilenos.
Con la nueva Ley Antidiscriminación, Jorge Contesse y Domingo Lovera Parmo ilustra una de esas verdades constantes de la política: aunque se puede ganar la batalla de la legislación, se puede perder la guerra de la fiscalización, y en el camino, convirtiendo leyes en letra muerta.
Hace años, uno de mis profesores explicaba la ley ambiental de Chile con una sonrisa triste, mostrándonos titulares exuberantes sobre las nuevas multas que tendrían que pagar las empresas por contaminar. Y en los siguientes minutos, nos explicaba con algunos cálculos simples la ridícula proporción que constituía de las ganancias típicas de una empresa la máxima multa posible.
Una cosa que Contesse y Lovera Palmo no comentan y que es fundamental es que nuestro proceso legislativo no permite seguir con claridad los cambios al proyecto inicial – que ellos mencionan era más efectivo – a la ley promulgada. Esto permite que legisladores y gobierno no tengan que tomar responsabilidad por tener una ley que, posiblemente, no será efectiva.
Solo para agregar al argumento de Jorge Navarrete, la carga financiera que implicaría educar gratuitamente a los hijos de los más ricos sería minúscula dado que su número es muy pequeño. Una carga tributaria apropiada a sus padres y a las empresas de las que son dueños haría de esos costos una cosa menor. Obviamente, y como apunta Navarrete, el estado cumple muchos roles que los más acomodados podrían pagar de su bolsillo – y a veces lo hacen – pero a nadie se le ocurriría pensar que no deberíamos pavimentar las calles de Las Condes con ese razonamiento.
Y por supuesto, cualquier sistema que tenga que comprobar el nivel de ingreso de sus usuarios está lejos de ser libre de costos. Toda la infraestructura y los recursos malgastados hoy para proveer y administrar créditos y becas de educación podrían ser re-orientados a la generación de un sistema educativo enfocado en la calidad. Súmese eso a detener la filtración de recursos desde las universidades privadas a consorcios nacionales y extranjeros que hoy lucran y la reforma tributaria real, y una fórmula de financiamiento para el financiamiento de las universidades públicas empieza a tomar forma.
Si acordamos que la educación superior es un derecho cuya vía de acceso debe ser la capacidad intelectual y no la económica, el resto es un problema de administración de recursos, y de voluntad política.
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