Inmigración, el debate que viene.

09 de Oct, 2012 | Por | Sin Comentarios

¿Sabía usted que en la misma ciudad y en la misma semana que Daniel Zamudio muriera a destiempo por los motivos que todos conocemos, el colombiano Wilson Quinteros fue asesinado –según todo parece indicar- por el hecho de ser extranjero y negro?

¿Sabía usted que el gobierno está a punto de enviar al Congreso un proyecto para una nueva ley de inmigración?

A pesar de las fantasías que desde el CENSO 2002 han circulado en nuestro país, respecto de verdaderas hordas de inmigrantes que estaban cruzando cada día y de forma irrefrenable nuestras fronteras (fantasías sin duda producto de lo que un estudioso argentino del tema ha denominado “narcisismo migratorio”); lo cierto es que Chile, según las últimas cifras oficiales, sigue siendo un país más bien de emigrantes que de inmigrantes. Un 1,3% (según el CENSO del 2002), o incluso un 2,08% de población inmigrante (según estimaciones del gobierno en 2009) no nos ponen, ni de lejos, entre los países del mundo que sí reciben grandes contingentes migratorios.

Esto explica, hasta cierto punto, que la inmigración haya permanecido hasta ahora como un tema ausente de la discusión política. Nuestros partidos políticos no tienen posición sobre el asunto. No ha habido debate parlamentario para definir una estrategia migratoria. Desde el retorno a la democracia, el manejo de la inmigración (que, aun sin tener una alta significación demográfica, sí ha experimentado un importante crecimiento) se ha decidido en los pasillos de oficinas públicas, a través de circulares y otras vías administrativas. El tema (incluyendo las dos amnistías migratorias, de 1997 y 2007-2008) no ha sido materia de amplia discusión.

Esta situación podría, sin embargo, estar llegando a su fin. En noviembre de 2011 (y probablemente adelantándose a las cifras que podría mostrar el CENSO 2012) el Subsecretario del Interior anunció formalmente la existencia de un anteproyecto de ley sobre inmigración, que estaría próximo a ser enviado al Congreso.

La noticia, en una primera instancia, es alentadora. Los organismos de la sociedad civil, servicios pastorales, clínicas jurídicas, académicos que trabajan en inmigración llevan más de una década denunciando el carácter obsoleto de la Ley de Extranjería vigente, que data de 1975 y posee claras señas de la Doctrina de Seguridad Nacional que la inspiró. Una Ley surgida en un contexto autoritario y en un momento en que el flujo migratorio hacia el país era particularmente bajo. Una Ley vulnerante que condiciona la visa al contrato de trabajo. Una Ley, hay que decir, cuyos puntos más draconianos hace mucho tiempo no se aplican. Pero que tampoco ha sido derogada ni sustituida por otra mejor.

Los gobiernos de la Concertación, a nivel discursivo, destacaron la relevancia de contar con una nueva normativa, acorde a la nueva realidad migratoria, al nuevo régimen político y a los múltiples compromisos internacionales que Chile había ido asumiendo (en el marco de la ratificación de instrumentos de DDHH pero también de su agenda bilateral y multilateral, incluidos muchos de los flamantes TLC de la década del ’90). Implícitamente, se asumía que la nueva ley sería el primer paso para el establecimiento de una política nacional de inmigración, explícita y consistente. Sin embargo, ni hubo nueva ley ni hubo política declarada. Un proyecto enviado en 1993 al Congreso no recibió prioridad legislativa y fue archivado tras “dormir” durante 4 años. En el gobierno de Lagos, una Comisión Interministerial trabajó en un Documento para una nueva Política Migratoria, la cual nunca se formalizó, y anunció la creación de un Consejo Nacional de Política Migratoria, el cual no se constituyó. Durante la administración Bachelet se habló de un nuevo proyecto de ley que debía ser enviado al Congreso junto con la Ley sobre Refugio. Pero el proyecto no fue enviado ni conocido por la opinión pública.

En este marco, el anuncio de una nueva Ley aparece como una buena noticia. Sin embargo, ¿cuáles serán los contenidos del proyecto? Y ¿qué posiciones adoptarán los partidos políticos cuando un tema incómodo, convenientemente invisibilizado hasta ahora, llegue al Parlamento, obligándoles a tomar definiciones? Nada de esto resulta fácil de predecir. Pero hay motivos para que la sociedad civil esté particularmente atenta.

Respecto de la primera pregunta: durante 2011 hubo al menos dos grupos que realizaron presión (y con cierta publicidad) sobre el gobierno respecto de la necesidad de contar con una nueva ley: los empresarios agrícolas y los Intendentes de las regiones del norte del país. Los primeros solicitaron mayores facilidades para traer extranjeros a trabajar en las cosechas, además de la flexibilización –o bien a la eliminación- del límite impuesto por la ley para la contratación de extranjeros (no más del 15% en empresas con más de 25 trabajadores). Los Intendentes, por su parte, hicieron ver la sobrecarga de los sistemas públicos de salud y educación de sus regiones, además de insistir en que la norma vigente es excesivamente laxa en términos de control y de la posibilidad de sancionar y expulsar a quienes la infrinjan. Abogaban, por lo tanto, por la introducción de una normativa más estricta.

Parecieran ser demandas, en principio, contradictorias, las de empresarios e intendentes. Pero ello no necesariamente es así. Es posible pensar en una nueva normativa que, por ejemplo, endurezca los controles de entrada, al mismo tiempo que introduzca criterios de selectividad, a fin de atraer a los migrantes demandados por sectores específicos de la economía. Es probable que se introduzcan también visas específicas para migrantes laborales temporales. Puede que las miradas de la liberalización económica y del autoritarismo social sean, una vez más, compatibilizadas. Puede también que vayan a entrar en pugna.

El punto es, si un viraje de este tipo necesariamente nos acercará a un mayor cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido en materia de DDHH de los migrantes. La política de inmigración que de facto ha existido en Chile en los últimos años (aunque no está escrita en ninguna parte) se ha caracterizado por ser expansiva en cuanto a la cantidad de inmigrantes recibidos -algo así como un cruce entre “que vengan los que quieran” y “que vengan los que el mercado necesita”- ; pero bastante excluyente en términos de los derechos que le son reconocidos a estos inmigrantes una vez dentro. Los avances que se han conseguido en áreas como educación y salud no han sido institucionalizados como derechos exigibles, con respaldo jurídico, sino que mantienen importantes niveles de discrecionalidad en su ejercicio. No hay políticas públicas que permitan verdaderamente hablar de integración.

Existía la expectativa, por tanto, de que una nueva ley saldara esta deuda, acompañando la expansividad con inclusividad. Pero el actual panorama no garantiza que el movimiento vaya a ir en esta dirección.

Por otra parte, la experiencia internacional demuestra que, una vez que el tema de la inmigración se politiza, los partidos tienen importantes incentivos para actuar en formas que complazcan a la opinión pública, la cual suele tener posturas mucho más duras frente a la inmigración que las mismas élites políticas (y económicas). La opinión pública chilena no es la excepción, si hacemos caso a los resultados de las encuestas que han consultado por este tema. Por lo tanto, ¿cómo se portarán nuestros partidos?

Hay motivos para monitorear el tema de cerca. Y para empezar a acostumbrarnos a hablar, seriamente, de inmigración.

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