El fracaso ideológico de la Reconstrucción

04 de jul, 2011 | Por | Sin Comentarios

Anoche en Tolerancia Cero vimos por primera vez al nuevo Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, enfrentado las preguntas de los panelistas y contrastando números y cifras de subsidios, obras, reparaciones y, sobre todo, dando cuenta de la letra chica –una vez más- de los rimbombantes anuncios del Presidente Piñera en materia de reconstrucción. Cifras más, cifras menos, sobre subsidios y obras, sobre reparación y construcción, hay que ser claros en dos puntos: las metas no se han cumplido (basta ver el artículo de Paulsen sobre la materia y los amplios reportes de Ciper); se han establecido nuevos indicadores y -en lenguaje economicista- corregido a la baja las metas (otra vez Paulsen cuando asumió el nuevo Ministro).

Las causas de estos hechos concretos pueden ser múltiples, partiendo de cómo y qué se mide, como le gusta decir al gobierno; hasta, los enfoques y el paradigma con el cual se ha abordado el proceso. Profusamente discutidos y confrontados los números, soy de los que cree firmemente que lo que hay acá es un fracaso rotundo del modelo con que esto se abordó, y la profunda ideologización de sus ejecutores. Acá está el problema y lo podemos identificar en dos etapas: la fase de emergencia (de alta exposición pública) y la fase de subsidios (confusa y fuertemente criticada).

Al inicio se operó con el enfoque Teletón: ante un Estado ausente son las donaciones, buena voluntad y las “ganas de ayudar” las llamadas a solucionar los problemas públicos. Con soluciones de alto impacto, bajo los focos de televisión y en lugares desolados, escenarios perfectos para el ganar-ganar tan propio de la RSE.

El primer plan de gobierno (esbozado en las directrices para grandes centros urbanos, ideadas por el saliente Pablo Allard) era un esbozo de soluciones “creativas”, mezcla de buenas intenciones (las que suelen hacer muy mala política), donaciones, filantropía y oportunidades para todos; y, sobre todo, un preocupante parecido con el Plan Bush post Katrina: una mala ley (fracaso rotundo de la ley del fondo de reconstrucción), el llamado a los privados a “ayudar” y hacerse cargo de proyectos. Luego, el desplazamiento de la gente del centro por la presión inmobiliaria, planes superpuestos y fracasos sonados (el caso patente de los sin tierra). Y sobre todo, violación de derechos de las personas (vivienda, justicia, suelo) como lo denuncia un informe de Amnistía Internacional, por parte de los propios encargados de protegerlos.

Este modelo resulta de un enfoque que desarticula el Estado transfiriendo sus capacidades y roles a privados bajo la ideología de la gestión y hacia actores privados validados en el mercado por ser quiénes son: exitosos, extendidos en el mercado y con una posición preeminente. Frente a eso ¿Cómo negarse?

Por ejemplo, en Talca (caso que conocemos por nuestro trabajo en Reconstruye), se dio un ejemplo de esto y la respuesta ciudadana frente a los riesgos de la privatización de los beneficios: grandes actores, validados por el gobierno tomaron decisiones de mercado por su propia vocación, pero no de Política Pública de largo plazo. Se insistió en proyectos detonadores y estimulación de la inversión. Y en eso, el mercado es sabio y cruel: ganan los que están mejor dotados. Sin embargo, a casi un año del flamante PRES éste ha resultado en letra muerta, simbolizada en una corporación que ni siquiera alcanzó a constituirse bien (ni la página web existe ya). Y eso en gran parte de los grandes centros urbanos donde los privados donaron el diseño de la reconstrucción. De lo contario, ya hubiésemos sabido de ellos a través del marketineo y el autobombo del gobierno.

Luego de esta etapa y viendo que la reconstrucción no entusiasmó tanto a los grandes grupos económicos, más allá de regalar caletas y las escuelas modulares, se entró de lleno en la necesaria fase de subsidios y viviendización. Y tan pronto como ellas, las polémicas acerca de cuántos subsidios, de qué tipo, a quiénes y si éstos eran asignados o efectivamente entregados. Así vimos la interpelación, las promesas de Piñera, los eslóganes acerca de la reconstrucción más grande de la historia y la autocomplacencia frente a una misión sin precedentes, a medida del nuevo espíritu y de una ideología que todo lo puede. Bastante se ha escrito ya sobre estos números y sus verdaderos alcances, siempre mediante aclaraciones.

Sin embargo, en esta etapa, además de la lentitud se pudo apreciar el gran error que ha constituido el desempeño del rol de Estado: se viviendizó el problema – lo que es en parte de gran necesidad- , pero se dejó de lado un enfoque integral, con las creación de una agencia que se hiciese cargo del tema, que el Estado al igual que en ocasiones anteriores crease nuevas instancias para reconstruir mejor de lo que se estaba y aprovechar las circunstancias para fortalecer su rol y apalancar el desarrollo. Antes lo hizo con la CORFO y con la norma sísmica.

Ahora, en cambio, a la espera que el mercado lo solucione todo se desestimó la mirada multisectorial, centrando todo en el Minvu para coordinar la acción de intendencias, municipios y servicios; desestimando un gran programa de obras públicas que genera empleo y moviliza no sólo la economía, sino una épica del compromiso gubernamental. Esto último es básico cuando es necesario recuperar los edificios de las entidades donde la gente acude con sus problemas: hasta el día de hoy tenemos intendencias cerradas, con sus oficinas -al igual que las del Serviu- repartidas por todos partes en rincones facilitados por otros servicios.

Al contrario, se focalizó todo, como reza el mantra neoliberal, en entregar los subsidios, bajar la burocracia y facilitar la participación de los privados para desarrollar rápidas soluciones ejecutando las obras con los recursos entregados a los damnificados.

Los policy makers de Vivienda, todos vinculados entre sí por redes académicas, de emprendimientos conjuntos y de pasado común –gran parte de ellos- en el programa de políticas públicas de la UC, aquellos que nos dijeron en campaña que “no se puede seguir gobernando mirando el retrovisor” no han cumplido con su promesa de renovar el Minvu, ni aplicar las soluciones innovadoras, necesarias -sobre todo- después de una catástrofe de esta magnitud. Al contrario, han estrujado el viejo esquema de subsidios que tanto criticaron, fundiendo la institucionalidad (basta ver el Serviu ) sin proponer una nueva, modificando una y otra vez los subsidios para tratar de cuadrarlos a las necesidad, y sin capacidad de articular planes y soluciones multisectoriales. Poco de creación, nada de política pública y mucho subsidio, harto subsidio para que “la gente elija, pues qué más participativo que eso”, como han señalado dentro del ministerio.

Así, y bajo la superioridad de la técnica -que se autoasigan- han dejado fuera de toda incidencia a los damnificados, tratándolos como pobres y sujetos del beneficio de su compromiso público y la moral con la que ellos trabajan, viven y se preocupan por los demás. Han desestimando lo que David Harvey llama el “saber geográfico de las personas”. Muchas de ellas estudiaban, tenían empleos estables e integraban familias que durante generaciones vivieron en las mismas zonas; eran y se sienten de clase media y como tal, exigen más que nada –como sostiene Pedro Güell- respeto, reconocimiento y consideración de sus opiniones. Nada de eso ha sido posible en el esquema de reconstrucción.

Sin embargo, la presión y malestar de las personas no ha sido tan significativas para el Minvu como las de la Cámara Chilena de la Construcción (CchC), que ha criticado fuertemente el proceso por su burocracia, lo poco expedito, y lo difícil que es para el gremio contribuir debido a la arquitectura del sistema; cuestionando, también, los costos de soluciones que implican viviendas unitarias en terrenos grandes y caros –como el de los centros urbanos-, frente a la probada y lucrativa fórmula de grandes bloques de vivienda en sectores periféricos donde los terrenos son más baratos. La solución, según el gremio, es la entrega de “vouchers” a los afectados para que rápidamente sus recursos sean gastados dentro de la generosa oferta del gremio. Así ganan todos: las personas que tienen sus casas, el gobierno que cumple y la Cámara que hace andar la máquina para que ambas cosas sean posibles.

Con la caída de Matte, la CChC ha aumentado su influencia –más no sus críticas a los técnicos del Minvu- para dar con una solución que permita destrabar el asunto. Hace poco tiempo en El Mercurio, El gerente de estudios, Javier Hurtado, dijo que presentaron al Minvu un proyecto que “consiste en un bono o voucher que el ministerio facilitaría a los damnificados, del orden de 400 a 500 UF, destinado sólo a construcción de vivienda. Este sistema es un apoyo para que la persona gaste en construir su casa y además pueda endeudarse, ya sea porque quiere construir en el mismo sitio o bien porque desea vender e irse a otro lugar. Con esto queremos darles libertad de elección a los afectados”. Tal cual.

El mercado está operando y entregando numerosas soluciones microeconómicas, lo que se puede ver con la reactivación del comercio, le surgimiento de nuevos negocios y la reinvención de otros. Pero el Estado y el gobierno deben entregar soluciones de política pública para las personas que decidan quedarse en sus terrenos puedan tener soluciones de calidad y que mejoren sus vidas.

No obstante, y ante el fracaso evidente del modelo de reconstrucción se recurre y se insiste con más ideología, en un error de proporciones, pero que llega en el momento justo cuando el ministerio se dedica gran parte del tiempo a aclarar la letra chica de los anuncios de Piñera, los técnicos como Pablo Allard abandonan el barco, y el Minvu se ve desbordado entre un trabajo que debió asumir una agencia especial y el caso Kodama.

De este modo, la gente probablemente será condenada a viviendas de calidad regular, segregadas, lejos de sus vidas, destinadas a salvarse como puedan y, para desgracia de todos, con una vida peor que la antes del 27 de febrero producto del fracaso ideológico del gobierno y su obstinación.

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