21 de mayo: la mediocre agenda de modernización del Estado

18 de may, 2011 | Por | Sin Comentarios

El reciente estudio del Instituto Libertad y Desarrollo/El Mercurio sobre el cumplimiento de metas del gobierno de cara a la cuenta pública, asignaba como en el rodeo, de menos dos (-2) a más dos (+2) puntos buenos los niveles de cumplimiento. Pues bien, en la agenda de modernización del Estado, ILD le otorga a la gestión del Gobierno una nota de 6.1 lo que dista mucho de la realidad y probablemente se asila en tergiversaciones y omisiones metodológicas de todo tipo, como no incluir promesas de notoria publicidad como la reactivación de la ley que regula el lobby, la del fideicomiso ciego – que ha demorado más de lo aceptable-, y otorgarle puntaje a modificaciones o reorganizaciones administrativas que poco tienen que ver con lo que entendemos por modernización del Estado: traspaso del SECTRA al Ministerio de Transportes; o la creación de la Agencia Nacional de Emergencia.

La modernización del Estado es un cliché, ya lo hemos dicho. Es un imperativo de la política y de la técnica (más bien de esta última) decir que el Estado es un aparato viejo que necesita de constante actualización. Cada vez que se asoma el tiempo de las elecciones regulares, es siempre un caballito de batalla dispuesto a rendir dividendos cuantiosos: El Estado es ineficiente, es corrupto, es un botín de los operadores políticos, etc.

En este sentido, el mismo diagnóstico se realizó el año 2006, a raíz del escándalo de Chiledeportes y, por tanto, los proyectos de reforma modernizadora no habían tenido cambios sustanciales: se trataba de agendas que contenían en sí mismas acuerdos transversales de toda la clase política. Se habló de la modificación de la ley de acceso a la información pública, la ley del lobby, la ley del fideicomiso ciego. De nada de eso se ha tenido noticia cierta en el Congreso Nacional; y sí muchas entrevistas de los expertos, opiniones que en sí mismas son disgregantes y poco fundamentadas.

Lo mismo puede afirmarse de los proyectos de profundización de la democracia.

El Presidente observó en la cuenta pasada lo siguiente: “Perfeccionaremos la evaluación de proyectos públicos, para garantizar el buen uso de los recursos públicos y evitar el grosero despilfarro ocurrido en proyectos como Transantiago y Ferrocarriles. Adicionalmente, pondremos en marcha una unidad a cargo de velar por el cumplimiento de las tareas más prioritarias del gobierno, orientando la gestión del Estado hacia el resultado, tal como lo hacen países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda”.

Poco se ha dicho de la mencionada Agencia de Calidad de las Políticas Públicas luego de este informe, así también de la modernización de la institucionalidad de la Contraloría General de la República, ente fiscalizador de crítica importancia en esta administración. Mucho se habló de implemtar una Delivery Unit, seguiendo el modelo de la eliminada agencia de la Administración Blair en el Reino Unido, para velar por el cumplimiento de las políticas públicas y los compromisos públicos. El símil chileno, implementado por este gobierno, poco tiene que ver con la elogiada iniciativa británica: en el reciente reporte de esta unidad de la Segpres todas las metas se encuentran prácticamente en estado de cumplimiento. El Delivery Unit, en el modelo británico, dependía del Jefe del Servicio Civil, el cual es autónomo e independiente de los gobiernos de turno. Y no, como en nuestro caso, del más político de los ministerios del Estado.

Todas las iniciativas anteriores, carecen de la necesaria coherencia institucional pues se manifiestan en pequeñas islas (algunas a cargo de la reforma a la Alta Dirección Pública, otras a cargo del monitoreo de cumplimiento, otras de la agenda de probidad). Y se encuentran coronadas por algo insólito y que merece, al menos, un par de palabras de crítica. Una especie de gerente del Estado que está generando un enfoque en virtud del cual este es una empresa que entrega servicios a los ciudadanos quienes son percibidos como consumidores. Una reveladora entrevista en la revista Qué Pasa dio cuenta de lo anterior. Caben dudas de cómo esta filosofía pueda implementarse institucionalmente.

En suma, más allá de las modificaciones institucionales prometidas, la agenda de proyectos e iniciativas en la cuenta pública pasada es mediocre y con un porcentaje de cumplimiento cercano a cero a esta fecha.

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