Propuestas carcelarias: Esperando el proyecto de ley…

11 de Mar, 2011 | Por | Sin Comentarios

Por Carolina Villagra P. y Fernando Martínez M. *

Recientemente el Ministro de Justicia Felipe Bulnes, anunció 5 medidas para abordar “la crisis carcelaria en Chile”. Si bien aún tenemos fresco en la memoria el recuerdo del incendio de la cárcel de San Miguel, que cobró la vida de 81 personas privadas de libertad, la “crisis” del sistema penitenciario va más allá del hacinamiento y las malas condiciones de vida al interior de los penales. La crisis de la cárcel es la cara más visible de una política penitenciaria ineficiente, por lo que estas medidas -si bien siguen una dirección positiva-, son sólo contingentes y parceladas, sin mencionar que bastante polémicas. Permanece pendiente su concreción en un proyecto de ley, como lo ha anunciado el Ministerio de Justicia.

Pero vamos por parte. Primero abordaremos las razones que nos hacen decir que la política pública del sistema penitenciario es ineficiente y en ese contexto, analizar en qué medida las acciones anunciadas por el gobierno colaborarán o no a aminorar esta crisis. Finalmente, dejaremos algunas ideas para que usted saque sus conclusiones.

La cárcel debería ser el último recurso de los sistemas judiciales contemporáneos, cuando ya han fallado la prevención y las sanciones iniciales. Es decir, un país con un sistema penitenciario eficiente, tiene bajas tasas de encarcelamiento, envía a la cárcel sólo a los infractores que representan un riesgo real para la seguridad pública. Los infractores de menor riesgo, cumplen condenas en sistemas abiertos, haciendo trabajos para su comunidad, recibiendo tratamientos pertinentes y bajo un sistema de supervisión que garantice que cumpla su condena de la mejor manera para él y la sociedad. Una de las maneras de medir la eficacia del sistema, es a través de la reincidencia, es decir, conocer la cifra de personas que luego de cumplir una condena, son nuevamente sentenciadas por la comisión de un nuevo delito. Veamos, ¿cómo estamos en Chile en encarcelamiento y reincidencia?

Somos el país con una de las tasas de encarcelamiento más altas de Latinoamérica, sobre 300 reclusos por 100.000 habitantes (ILANUD, 2008; King College, 2011[1]). La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, denunció hace tiempo que en Chile las cárceles eran “universidades del delito”, diagnóstico recogido en el informe del  Consejo de Reforma Penitenciaria de marzo de 2010 y, por lo visto esta semana, compartido también por el actual Gobierno. Entre 1985 y 2005, el crecimiento de la población privada de libertad fue de 232% (Gendarmería de Chile[2]). Sin embargo, en lugar de avanzar hacia la racionalización en la aplicación de sanciones privativas de libertad, la tendencia ha sido al aumento. Así ocurrió el año 2007 cuando se aprobó la “Agenda Corta Antidelincuencia”, pese a que un estudio de la Defensoría Penal Pública había señalado que su vigencia incrementaría la población de los recintos penitenciarios, ya sobrepasados en su capacidad.[3] En paralelo, se optaba por hacer más espacio para encarcelar, en circunstancias que lo lógico habría sido tomar medidas para contrarrestar el aumento de personas que estaban siendo enviadas a las cárceles. Así, el Ministerio de Justicia avanzaba en el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Obras Públicas,[4] que a estas alturas sabemos ha sufrido significativos retrasos y ha significado una pérdida relevante de dinero para el Estado chileno, sin que se conozcan evaluaciones independientes sobre su eficacia. Pese a todo, se proyecta un Segundo Programa de Establecimientos Penitenciarios Concesionados que prevé la construcción de otros cinco penales en Calama, Copiapó, Valparaíso, Chillán y Temuco[5]. O sea, sigamos encerrando. Si funciona o no, parece no ser de relevancia en la discusión pública. ¡¡¡Error!!! Como ciudadanos tenemos derecho a conocer si las multimillonarias inversiones en construcción de cárceles concesionadas funcionan o no. Pero no sabemos, nadie en Chile puede decir hoy -garantizando una opinión independiente- si una cárcel concesionada es más eficiente o no, que una pública. Realmente no sabemos cuál es la reincidencia, porque en Chile el sistema penitenciario (en sus vertientes carcelarias tradicionales y concesionadas) no ha sido capaz de proporcionar una cifra validada, en circunstancias que se trata de un dato fundamental para el diseño de una adecuada política criminal y de seguridad ciudadana. Los datos, o no los hay o no están disponibles. Lo que sí sabemos es que ni la agenda corta ni las cárceles concesionadas han colaborado con la “crisis carcelaria”.

Pasemos entonces al próximo punto, ¿en qué medida la propuesta de Gobierno colabora realmente con la descongestión de cárceles en Chile y por ende, a disminuir esta crisis? Revisemos rápidamente las medidas y sus puntos críticos:

Medida 1.- Reemplazar las multas, cuando no puedan ser pagadas, por servicios comunitarios.

Al parecer, se trataría de personas condenadas a penas accesorias. En principio, esta medida sí descongestionará las cárceles porque la gente saldrá una vez cumplida la pena principal, aunque no pueda pagar la multa.

Pero, ¿qué se entiende por servicios comunitarios? ¿Dónde se desarrollarán? ¿Quién los supervisará? ¿Cómo sabremos que no se tratará de trabajos inútiles, sin sentido para la persona que los realiza ni para potenciales beneficiarios?

Por ello, para que la prestación de servicios comunitarios sea una herramienta eficaz de política criminal se requiere que ésta sea implementada en el contexto de un programa al efecto, con institucionalidad de control, personal capacitado y presupuesto suficiente. Requisitos, todos, que toma tiempo lograr. La experiencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente indicaría que la solución no pasaría simple y llanamente por concesionar la ejecución de los programas.

Medida 2.- Reemplazar penas inferiores a un año por servicios comunitarios.

Esta es una medida interesante, ponga en contexto estos dos hechos: 1) Las personas enviadas a la cárcel por penas inferiores a un año suelen ser reincidentes. 2) Las penas de cárcel menores a un año son carísimas para el estado y socialmente poco rentables. ¿Resultado?, le reiteramos el ejemplo que el mismo Ministro Bulnes ha dado: una persona que cae a la cárcel por vender CD´s pirateados en la calle. El Estado debe activar múltiples componentes del sistema judicial para detener a la persona, hacer un juicio justo, enviarla a la cárcel, mantenerla, sacarla, manejar sus antecedentes, y un largo etcétera. Al menos una docena de instituciones coordinadas, decenas de personas dedicando horas de su jornada laboral, llegando a un monto difícil de calcular. ¿Tres meses de cárcel? A $ 300-500 mil mensuales su mantención… Seguimos sumando y probablemente el Estado gaste al menos 3 millones de pesos en dicha persona ¿y al salir de la cárcel? La persona no se ha “rehabilitado” (porque no estaba enfermo), no se ha “reintegrado” (porque en 3 meses no alcanzó a hacer un curso de capacitación) y probablemente no salga sintiéndose un ciudadano que debe cumplir la ley (porque tiene que preocuparse de platas, familia, porque si antes no tenía trabajo, ahora con antecedentes criminales, mucho menos). ¿Valió la pena el gasto millonario? No. ¿Se siente usted más seguro? Probablemente no, porque él y otros casos no son “amenazas a la seguridad”.

En este caso, ¿los trabajos comunitarios sirven? Hay que discutirlo. Valen las prevenciones hechas en la medida anterior sobre la forma en que se implementaría la sanción.

Medida 3.- Flexibilizar el otorgamiento de la libertad condicional, estableciendo “criterios objetivos” para su concesión.

Esta medida ha ido en disminución, actualmente 1% de la población encarcelada está gozando de dicho “beneficio”. La Ley de Libertad Condicional se encuentra obsoleta y ésta podría ser una oportunidad para revisarla. Los problemas actuales no tienen que ver únicamente con criterios, sino con las exigencias legales para que una persona pueda postular a la libertad condicional (criterios obsoletos) y con la institucionalidad interviniente (en la medida que siga interviniendo el Área Técnica de GENCHI, la Comisión de Libertad Condicional de las Cortes de Apelaciones y, finalmente, la SEREMI de Justicia, la aplicación de criterios será dispar y, en su última fase, politizada). Además, la aplicación de esta medida levanta problemas de seguimiento y control.

Medida 4.- Indulto conmutativo

Se trata de una medida que actuaría sobre una de las medidas alternativas a la reclusión y un beneficio intrapenitenciario (salida controlada al medio libre), es decir, una pena alternativa y una herramienta de política penitenciaria. ¿Cuál es la relevancia de esto? Los beneficiarios pueden haber cometido delitos muy distintos en términos de gravedad, cuantía de la pena, etc.

Esta medida apuntaría a sacar a la cárcel “a los que van a dormir a los recintos penales”, lo que disminuiría la congestión, pero deja interrogantes en torno a los criterios con que ha sido concebida.

En resumen

En principio, la propuesta del Gobierno está en el nivel de las ideas y se requiere analizarlas en detalle una vez que se materialicen en el proyecto de ley ofrecido por el Gobierno. Sin perjuicio de ello, se trata de ideas positivas que podrían colaborar con la descongestión del sistema. Como no se sabe la forma en que se implementarían (materia del proyecto de ley), no se puede saber que tan significativa sería esa contribución.

Desde ya, cabe adelantar que la implementación adecuada de estas propuestas precisa articulación con servicios comunitarios, con las policías, organismos post penitenciarios, etc. El ideal sería que estas medidas se coordinaran con otras complementarias, en el marco de una política penitenciaria que aborde al menos dos aspectos: Infraestructura y reinserción. Asimismo, es previsible que se requieran modificaciones legales y reglamentarias, por ejemplo para los organismos que actúan en la fase post penitenciaria (Patronatos de Reos, Servicio de Registro Civil). También se necesitará delimitar aquellos criterios subjetivos contenidos en las propuestas gubernamentales, pues de ellos dependerá, en definitiva, el otorgamiento de estos beneficios (ej. criterio del juez, “conducta intachable”, “delitos menores”).

Y lo más relevante ahora que está en fase de discusión y que ya se han levantado diversas reacciones políticas, la mayoría adversas: es un tema lo suficientemente relevante (compromete su seguridad, su plata, el desarrollo del país) como para superar las frases armadas (la lamentablemente famosa falacia de la “puerta giratoria”) y llegar a una discusión pública seria, tomando en cuenta la evidencia existente.

Países desarrollados ya están sacando gente de la cárcel, invirtiendo más en prevención y aumentando el número y tipo de sanciones en libertad. Es más barato, más rentable socialmente. Y en Chile, ¿qué orientaciones tomaremos entonces?


[1] http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php?country=215
[2] Gendarmería de Chile (2005). Compendio Estadístico 2005.
[3] Sepúlveda, Eduardo. Senado.cl, Departamento de Prensa, 17-08-06, http://www.senado.cl/prontus_senado/antialone.html?page=http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20060817/pags/20060817114746.html [30-10-08].
[4] Ejecutado en el marco de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (Decreto 900 del Ministerio de Obras Públicas, MOP, 1996, y su modificación Ley N° 20.410, del 20 de enero del 2010) y  el Reglamento de Concesiones (Decreto Supremo Nº 956 del MOP, 1997).
[5] Ibidem. * Carolina Villagra P. es Psicóloga, MSC in Criminology. Investigadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Docente del Área Jurídica del Departamento de Psicología de la de la Universidad de Chile. * Fernando Martínez M. es Abogado, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Consultor del PNUD, BID y ONUDD.

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