Trabajo, la otra deuda histórica

30 de Ago, 2010 | Por | Sin Comentarios

“Todo es interminable en esta existencia; su finalidad no se ve por parte alguna: la cosa fabricada es un medio; alguna cosa que será vendida. (…). La necesidad está por todas partes, el bien no se encuentra en parte alguna. No hay que buscar en otras partes las causas de la desmoralización del pueblo. La causa está ahí, es permanente, es esencial a la condición del trabajo.” Simone Weil

La heroica gesta de los 33 mineros atrapados en la mina San José ha logrado unir y conmover a un país que, a las puertas de su Bicentenario, expresa una serie de conflictos (desde la movilización ambiental a la lucha de los trabajadores estatales; pasando por la movilización de los secundarios y la resistencia de los presos políticos mapuches) que han abierto un espacio para que muchos ciudadanos retomen la práctica de la protesta y la movilización.

Sin embargo, más allá de los incipientes debates sobre las condiciones de trabajo en la mediana minería y algún proyecto de ley para retocar los estatutos sobre seguridad laboral, la cuestión del trabajo, el empleo y las relaciones laborales sigue siendo una deuda histórica.

El retraso en legislación laboral, donde principios tan fundamentales como la negociación colectiva son ignorados, es un proceso persistente que se ha sostenido sobre un discurso que a la vez que proclama la celosa y celada -aunque falaz- escisión entre Estado y mercado; mientras en su práctica reproduce con enorme efectividad y fuerza de un circuito extrainstitucional del poder, que en base a la amenaza empresarial del estancamiento del crecimiento, el desempleo y la pérdida de competitividad, ha corrido un tupido velo en uno los factores centrales que generan los actuales y vergonzosos niveles de desigualdad.

La precarización de toda la estructura de relaciones laborales es uno de los principales factores que, como señala el sociólogo francés Robert Castel,  procesos políticos han tendido a convertir tanto la pérdida de certezas como el aumento de la sensación de inseguridad en elementos centrales y definitorios del orden social.

Esta creciente pérdida de certezas va acompañada de un proceso de empobrecimiento de los sectores populares, en tanto los salarios se mantiene bajos, mientras se alienta el consumo mediante la capacidad de endeudamiento, generado así más consumo en base a más deuda (como referencia el quintil más bajo de ingresos, de acuerdo a la encuesta Casen, está dedicando más del 60% de sus ingresos a servicios de deudas), y un “desafiliamiento” de las capas medias que ven un deterioro en esas relaciones (educación, trabajo, cultura), discursos y significaciones que los definían como un actor “distinto”. Todo debido a las transformaciones en las relacione laborales y las estructuras productivas, y de esa ambigua movilidad social descendente que se camufla en la capacidad de endeudamiento.

La precarización y la incertidumbre se encuentran en el seno de las actuales relaciones laborales en Chile. Terreno fértil para la competencia indiscriminada y la flexibilización laboral. Un sistema socio-laboral con pocas certezas y garantías, y regido por el discurso de las capacidades personales, ha implicado una profundización de la individualización, tendiendo a  dejar de lado toda opción colectiva de seguridad que se expresa, por ejemplo, en que la tasa de sindicalización llega apenas al 11% del total de los trabajadores.

Si no queremos que el caso de los mineros se convierta un mero “reality del dolor”, volviéndolo un mero “suceso”, y minimizando así lo que podría ser un punto de inflexión en el debate laboral en Chile, se hace necesario tanto recuperar un discurso sobre la dimensión  política del trabajo -hasta ahora apropiado por economistas y técnicos- que implique tanto la demanda de generación de garantías para el mundo del trabajo, como la ampliación de las capacidades y cobertura de la protección social.

En un gobierno en que la lógica del Estado alcanza un grado mayor de fusión con la lógica de empresa, y donde podríamos pensar que ya no habría circuito extrainstitucional (que habría expresado el antagonismos entre “razón progresista” y “razón empresaria”), sino institucionalización en el aparato del Estado de la lógica y las prácticas del poder empresario, la lucha por los derechos sociales, y especialmente los del trabajo, pueden volver a dar consistencia política al progresismo.

Esta sumatoria de factores ha devenido en una creciente inseguridad social, marcada por los temores de la vulnerabilidad social y económica.  Es por eso que se hace indispensable luchar por el trabajo (al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, etc.), sin perder de vista las transformaciones que han tenido la economía y la producción. No sólo una lucha contra la precarización de la calidad de vida, sino que abriendo el espacio para complejizar la lectura política sobre otras dimensiones como la ambiental, que implica no solo una queja por la insustentabilidad de las políticas energéticas, sino además un descontento respecto a la mercantilización del medio ambiente como bien público.

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