Educación y catástrofe: Oportunidad de reconstruir en democracia

14 de Mar, 2010 | Por | Sin Comentarios

por Mónica Peña*

Millones de chilenos son víctimas directas del terremoto que ocurrió en la madrugada del 27 de febrero. Entre estas víctimas debemos contar a los menores de edad que en momentos de catástrofe suelen ser las caras visibles del desastre para los medios de comunicación y los discursos políticamente correctos, pero que vivencian de manera directa una doble victimización: la del desastre natural y la de ser menores de edad en un país que aún no respeta del todo los derechos fundamentales de la infancia.

La ayuda que se está dando en este minuto es necesaria pero no es lo único que podemos hacer. Es imperativo que nuestra ayuda no sea sinónimo simplemente de ayuda material.  Debemos tener en cuenta que la larga tarea de reconstrucción que se avecina debe hacerse desde las comunidades y no debe ser un poder central que decida cómo estas comunidades afectadas deben reconstruirse.  Desde esta perspectiva, los menores de edad suelen ser los más afectados en este aspecto: normalmente son considerados ciudadanos de segunda clase, cargando de manera constante el mote de víctimas o victimarios, un lugar psíquico y social que impide la autonomía.  Es por eso que la ayuda entonces pasa no sólo por reconstruir el espacio material sino por reconstituir los espacios de decisión, esos espacios políticos que pueden recomponer el funcionamiento de las comunidades desde el corazón de las mismas.

La educación –derecho humano fundamental- es una oportunidad para el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias de las zonas afectadas, donde sus miembros puedan obtener las  herramientas que les permitan reflexionar acerca de cómo quieren reconstruir su localidad.  De otra manera, nos enfrentamos al caldo de cultivo de decisiones antidemocráticas y autoritarias, aunque teñidas de solidaridad y buen juicio, tienen como consecuencia el quiebre de las redes sociales que han demostrado su fragilidad.  Cuánto se ha extrañado en estos días a un representante del parlamento que aclare que los esfuerzos de la reconstrucción deben ser aprobados por el Congreso Nacional, pero seguramente, si hay alguien que lo ha pensado, optará por cuidar sus créditos políticos en vez de arriesgarse a ser impopular en medio del furor por la unidad nacional.

Sin embargo, organismos internacionales como INEE (sigla en inglés para red inter-institucional para la Educación en Situaciones de Emergencia de la UNESCO) insisten en sus protocolos de trabajo para catástrofes naturales, que la reconstrucción debe ser pensada por las víctimas, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, dentro de un marco de Derecho, respetando los diagnósticos que las comunidades hacen, apoyándolos en cambio con recursos materiales y humanos durante el largo proceso de seguimiento.

(* Mónica Peña es sicóloga y doctora en Educación. Es Académica de Psicología en la Universidad Diego Portales.)

Millones de chilenos son víctimas directas del terremoto que ocurrió en la madrugada del 27 de febrero. Entre estas víctimas debemos contar a los menores de edad que en momentos de catástrofe suelen ser las caras visibles del desastre para los medios de comunicación y los discursos políticamente correctos, pero que vivencian de manera directa una doble victimización: la del desastre natural y la de ser menores de edad en un país que aún no respeta del todo los derechos fundamentales de la infancia.

La ayuda que se está dando en este minuto es necesaria pero no es lo único que podemos hacer. Es imperativo que nuestra ayuda no sea sinónimo simplemente de ayuda material. Debemos tener en cuenta que la larga tarea de reconstrucción que se avecina debe hacerse desde las comunidades y no debe ser un poder central que decida cómo estas comunidades afectadas deben reconstruirse. Desde esta perspectiva, los menores de edad suelen ser los más afectados en este aspecto: normalmente son considerados ciudadanos de segunda clase, cargando de manera constante el mote de víctimas o victimarios, un lugar psíquico y social que impide la autonomía. Es por eso que la ayuda entonces pasa no sólo por reconstruir el espacio material sino por reconstituir los espacios de decisión, esos espacios políticos que pueden recomponer el funcionamiento de las comunidades desde el corazón de las mismas.

La educación –derecho humano fundamental- es una oportunidad para el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias de las zonas afectadas, donde sus miembros puedan obtener las herramientas que les permitan reflexionar acerca de cómo quieren reconstruir su localidad. De otra manera, nos enfrentamos al caldo de cultivo de decisiones antidemocráticas y autoritarias, aunque teñidas de solidaridad y buen juicio, tienen como consecuencia el quiebre de las redes sociales que han demostrado su fragilidad. Cuánto se ha extrañado en estos días a un representante del parlamento que aclare que los esfuerzos de la reconstrucción deben ser aprobados por el Congreso Nacional, pero seguramente, si hay alguien que lo ha pensado, optará por cuidar sus créditos políticos en vez de arriesgarse a ser impopular en medio del furor por la unidad nacional.

Sin embargo, organismos internacionales como INEE (sigla en inglés para red interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia de la UNESCO) insisten en sus protocolos de trabajo para catástrofes naturales, que la reconstrucción debe ser pensada por las víctimas, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, dentro de un marco de Derecho, respetando los diagnósticos que las comunidades hacen, apoyándolos en cambio con recursos materiales y humanos durante el largo proceso de seguimiento.

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