El monorriel de la flexiseguridad

29 de ene, 2010 | Por | Sin Comentarios

Hay un capítulo ya clásico de Los Simpsons (capítulo 20 de la cuarta temporada) en que un carismático vendedor viajero llega a la ciudad de Springfield para ofrecer la novedad que llevaría a la pequeña ciudad a “aparecer en el mapa” de la mano del progreso y la prosperidad.

La breve historia concluye con el develamiento de la estafa que esconde el discurso de las bondades del monorriel, y con los amarillos ciudadanos de Springfield un poco más incrédulos y apáticos, pero inmersos como siempre en su  bucólica cotidianeidad.

De entre los muchos monorrieles que el Sr. Piñera prometió y promete en sus discursos, intervenciones y programas de gobierno, y para los cuales ha llamado a conformar un gobierno de “unidad nacional”, destaca el de una nueva reforma laboral, que puede ser entendida como una “flexi-flexibilizacion” del mercado de trabajo, requisito central para “recuperar la competitividad de la economía e incentivar la inversión” y cumplir su promesa de un millón de nuevos empleos.

El consenso entorno a esto es claro entre los aliados de Piñera. El 28 de enero el diario “La Terecera” plantea en su editorial que entre las “Reformas indispensables para alcanzar metas de crecimiento” debe “reformarse el mercado laboral para abaratar el costo de contratación, eliminando las rigideces, impuestos ocultos y distorsiones que limitan el empleo. Igualmente, es importante reducir la conflictividad laboral para incentivar que las empresas opten por tecnologías más intensivas en mano de obra.”

Ahora bien, el modelo de reforma del mercado de trabajo que se pretende aplicar requiere una profunda rearquitectura de otros ámbitos, ya que la intención del electo gobierno, es, junto con profundizar la flexibilización, entrar en el “nuevo paradigma de la seguridad social”: la flexiseguridad.

La idea de flexiseguridad, que surge a mediados de los 80’s y se extiende rápido al resto de los países escandinavos, gira sobre la idea de sustituir la protección del puesto de trabajo con una alta protección de la empleabilidad, favoreciendo estrategias productivas más “dinámicas”, favoreciendo la tercerización, incentivando en las empresas la adopción de estrategias que les permitan cambiar rápidamente sus líneas de producción, sus tecnologías y su organización laboral en función de los nuevos requerimientos del mercado.

Este modelo, que se presenta como al última moda en lo que refiere a reformas laborales implica, una serie de políticas especificas entre las que destacan: flexibilidad en las condiciones de contratación y despidos; un sistema de subsidios para corregir las situaciones de desempleo en la transición entre que pierdes un empleo y encuentras otro; políticas activas de empleo, por medio de dispositivos de formación/cualificación a lo largo de toda la vida laboral, para reducir el tiempo en el cual se está desempleado y el alargamiento de la vida laboral “activa”, aumentando la edad de jubilación.

Este paquete de políticas se comprende dentro de un país como Dinamarca, de cuño socialdemócrata, que cuenta con los niveles salariales más altos del mundo, con un Estado que asigna para políticas sociales un porcentaje más que importante de su PIB, con un sistema de pensiones público, con un gasto público alto destinado a subsidiar la capacitación (Subsidio del Estado para la educación; subsidio mensual para todos los estudiantes de 18+ años: 725 Euros), subsidios de vivienda para los trabajadores con bajos salarios y con una mano de obra con alta capacitación que envejece rápidamente reduciendo el porcentaje de la población económicamente activa.

Pero en Chile, donde el Presidente electo considera que no es necesario realizar una reforma impositiva y pretende privatizar la empresa pública que más riqueza otorga a las arcas nacionales; en un país en que la educación tiene costos usureros, en que el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra empleada es relativamente bajo y en que el sistema previsional es privado, ¿es viable un proyecto como la flexiseguridad europea?

En nuestro país, la flexiseguridad significaría contratos laxos, despidos sin juicios y a costos bajos, mayor (todavía) retroceso de los derechos laborales, debilitamiento (mayor) del movimiento sindical, la libertad absoluta de movimientos del capital, como condición del beneficio y, a la vez, la desprotección y desregulación de los derechos laborales y sociales.

Pero por sobre todo, volver a una política en que el Estado se vuelve un garante explicito de la productividad y acumulación empresaria, y la desigual e injusta estructura social que produce, en tanto asume los costos sociales (los trabajadores despedidos y sus familias) del modelo productivo.

El crecimiento económico que se sustenta en bajos salarios y desregularización no termina sino por erosionar los esfuerzos por erradicar la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la concepción de ciudadanía.

El debate, por todas partes necesario, que se debería abrir entorno a la adopción de un programa de flexiseguridad y la reforma del sistema de seguridad social resulta especialmente importante ya que uno de los mayores logros de la Concertación fue, precisamente, construir el tejido institucional para poner en marcha un sistema de seguridad social que, pese a sus limitaciones, resultó efectivo no sólo para enfrentar la actual crisis económica, sino por sobre todo para fijar un nuevo horizonte a la ciudadanía.

Horizonte que, en base a las ideas de integración y protección, recupera la por mucho tiempo perdida idea de que existe una responsabilidad por parte del Estado, el mercado y la sociedad en su conjunto, con los trabajadores y  los sectores más vulnerables.

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