Las insólitas dudas de la derecha para aprobar el Tribunal Penal Internacional

31 de May, 2009 | Por | 1 Comentario

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El tema de la persecución universal de los delitos de lesa humanidad, cobra fuerza a raíz de las insólitas frases del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien aparece amnésico y naturalmente condenado por la estructura comunicacional de Piñera. La tramitación del proyecto del Tribunal Penal Internacional en el Congreso Nacional muestran dudas oportunistas e impresentables de los congresistas de derecha (una vez mas). Como para pensar en el efecto de la mala memoria de nosotros mismos.

El Tribunal Penal Internacional es uno de los esfuerzos globales más importantes para establecer una manera universal de perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad: el Tribunal de Nüremberg, que también presentaba violaciones básicas al debido proceso (pues no fue establecido con anterioridad a los hechos delictivos), fue un primer esfuerzo. En su origen está la noción de jurisdicción universal que busca evadir el hecho de que los violadores de los derechos humanos se alojan en los principios de la soberanía nacional, la territorialidad de la jurisdicción, fuero parlamentario y la inmunidad diplomática (¿se acuerda?). En ese sentido ha sido un hito la persecución y detención londinense de Augusto Pinochet por el Juez Baltazar Garzón en 1998 a causa de la Convención contra la Tortura que el mismo Pinochet ratificó en su idea de blanquearlo todo antes de dejar el poder en 1989. El asunto es que cuando la Corte y el Estatuto de Roma entraron en fase derecha de ratificación, Chile entró en un selecto grupo de naciones (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán, Suazilandia, Myanmar, entre otros) que fueron reacios a que esta “intromisión” tomara cuerpo. Más aún, cuando el Tribunal Constitucional respaldó la necesidad previa de cambiar la tan mutable Constitución chilena para adaptarla a estos requerimientos. Recién el año pasado, los senadores Romero y Larraín, luego de una visita in situ al Tribunal romano, decidieron establecer los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Desde el punto de vista de la tramitación legislativa, el desembarco de los argumentos de la Alianza por Chile, muy bien calculados políticamente, ha sido eficaz: en siete años de proyecto de ley, el asunto acaba de salir del Senado en primer trámite sin mucho revuelo público y con un par de “ideas” brillantes que echaron por tierra el hecho de que la ratificación de este Tribunal estaba dentro de las cosas que se consideran intransables. Detrás de estas nobles ideas, se consideró que la suscripción del tratado modifica sustancialmente la idea de soberanía nacional, asumida también en otra preconcepción -a todas luces errada- de los jueces chilenos que consideran que la hermosa Constitución ochentera no es modificable por la suscripción de tratados internacionales sobre derechos humanos. La Comisión compuesta por el ex presidente de la Corte Suprema Marcos Aburto, Andrés Chadwick, Alberto Espina, José Antonio Viera-Gallo y Andrés Zaldívar, evacuaron un texto, en el cual destacan intervenciones notables de algunos honorables que pasamos a citar textualmente:

“(…) en un Estado de Derecho como el chileno deben evitarse las interferencias de otras jurisdicciones pues ello rompe el principio de juridicidad.” (Senador Sergio Fernández)
“Esto, acotó, se produce en un momento histórico en que las condiciones de nuestro Estado de Derecho no son del todo aceptadas o comprendidas por otros países” (Senador Andrés Chadwick).
“El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, pidió mayores precisiones acerca del principio de irretroactividad del Estatuto, planteando, particularmente, si hechos acaecidos en el pasado reciente podrían ser juzgados por la Corte”.
“Aun cuando se formule cualquier prevención, nada obstaculizará la libertad de cualquier ciudadano de acudir al Tribunal Constitucional para objetar la constitucionalidad del tratado” (Senador Jorge Martínez Busch, invitado).
“El Honorable Senador señor Aburto hizo presente, una vez más, sus aprensiones en cuanto a los inconvenientes que pueden derivar del otorgamiento de jurisdicción a un órgano internacional. Ello, advirtió, se torna especialmente delicado si este órgano queda facultado para calificar si se han cumplido las reglas del debido proceso o para anular lo actuado y dictar una nueva sentencia”.

Ahora a las puertas de “un acuerdo favorable” como mencionara el Senador Chadwick, ¿Qué cabe esperar? y más aún ¿cuánto cabe esperar? ¿otro pronunciamiento de distintas instancias internacionales, que envidiosas de nuestra chilenidad y de nuestro desarrollo como pueblo, nos digan que es lo que es un verdadero Estado de Derecho?

(foto: Memoriaviva.cl)

1 Comentario

  • Respecto al estatuto de roma supe que se aprobó en el legislativo que Chile reconocía el genocidio armenio ocurrido en Turquía en la 1ra guerra mundial, pero la presidenta no lo ha ratificado porque están a punto de firmar el tratado de libre comercio con ese país. Después de que Argentina si reconoció oficialmente dicho genocidio, y tras ver la reacción del estado turco, me cuesta avizorar el panorama. La presidenta debe ratificarlo, pero la reacción vendrá. En política, no importa el origen político de la persona, se puede esperar casi cualquier cosa, eso lo tengo claro. Aquí no caben principios, solo intereses personales o nacionales.

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